Tras una reunión calificada como "clave" por la megatoma del Cerro Centinela en San Antonio, el Gobierno y los propietarios del terreno alcanzaron un protocolo de acuerdo que suspende el desalojo programado para el 27 de febrero. Este acuerdo busca establecer un camino hacia una solución definitiva para las familias afectadas.
Comisión Técnica para el Acuerdo
Entre los puntos acordados se encuentra la creación de una comisión técnica que incluirá a un representante de los dueños, al Ministerio de Vivienda y al Municipio de San Antonio. Este grupo estará compuesto por profesionales del área de construcción, quienes tendrán la responsabilidad de informar sobre las condiciones de venta del terreno, así como su precio y las garantías necesarias. En caso de que no se logre un acuerdo, "la Comisión establecerá las modalidades para proceder a dar cumplimiento razonable y paulatino al fallo antes referido", según un comunicado del Ministerio de Vivienda.
La comisión abordará temas esenciales como el sistema de garantía y el precio del terreno, además de explorar la posibilidad de adquirir el predio en un solo acto a través de cooperativas, entre otras alternativas. Este punto es crucial para las familias que residen en el asentamiento irregular, ya que mañana se presentarán en la Corte de Apelaciones de Valparaíso las bases del acuerdo para suspender el desalojo.
Este protocolo de acuerdo permitirá avanzar en la búsqueda de una solución definitiva, dado que ya existe una sentencia judicial sobre el tema. Desde el Gobierno, se comunicó que los propietarios están dispuestos a evaluar una propuesta de compra que resuelva el recurso presentado para desalojar el terreno.
El ministro de Vivienda, Carlos Montes, subrayó que las familias "van a tener que en definitiva comprar el terreno y a partir de lo cual postular como cualquier ciudadano a los subsidios del estado. Esa es la solución".
Reacciones y Proyecciones
Omar Vera, alcalde de San Antonio, destacó la efectividad de la mesa de trabajo que permitió "destrabar el inminente desalojo del próximo jueves 27". Resaltó que la situación era "sumamente compleja desde el punto de vista social, de seguridad y humanitario", y que el entendimiento y disposición de todas las partes involucradas fue clave para alcanzar este acuerdo.
El subsecretario del Interior, Luis Cordero, agregó que "la señal por parte del Ejecutivo es que las sentencias judiciales están para cumplirse". Destacó que el acuerdo alcanzado con los propietarios y la creación de la comisión técnica representan un espacio de negociación sobre aspectos concretos relacionados con la adquisición y venta del terreno.
Montes también reveló que actualmente existen 16 cooperativas conformadas, que agrupan cerca de dos mil integrantes, y se planea constituir otras 16, con la expectativa de llegar a un total de 32. "Esperamos que las cooperativas conformen un sistema de coordinación entre ellas y se forme una federación de cooperativas, que está planteado así en la ley", añadió el ministro.
La situación en San Antonio no es un caso aislado, ya que las tomas de terrenos es un fenómeno que afecta a diversas regiones del país. Montes estimó que más de 110 mil familias viven en tomas y campamentos en Chile. La formación de cooperativas es vista como una alternativa viable, donde aquellos que han tomado terrenos deberán reunir recursos para su adquisición y, posteriormente, postular a los subsidios correspondientes, al igual que otros ciudadanos.
