Tras la violenta conmoción interna registrada en los centros de rehabilitación social, el Presidente de Ecuador Guillermo Lasso ha decretado el estado de excepción en todas las cárceles del país por un período de 60 días. La medida se apoya en informes que denotan la superación de las capacidades operativas de vigilancia penitenciaria, justificando así la intervención de la Fuerza Pública para recuperar el control y salvaguardar la vida de los detenidos.
Crisis en Centros de Privación de Libertad
La creciente tensión y violencia entre grupos delictivos organizados en las cárceles ha impulsado a la Policía Nacional y al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) a recomendar medidas drásticas. "El nivel de violencia desencadenada resulta extremo y al haberse evidenciado que las capacidades operativas del Cuerpo de Vigilancia Penitenciaria han sido superadas, se justifica el soporte operativo de la Fuerza Pública", indican en sus informes, según informó Metro Ecuador.
Con ello, el estado de excepción busca "controlar las circunstancias que han alterado el funcionamiento del sistema penitenciario, restablecer la convivencia pacífica, el orden y el normal funcionamiento de estos", con miras a que las instituciones penitenciarias cumplan con su mandato constitucional de rehabilitación social.
Acciones a Implementar durante el Estado de Excepción
Las Fuerzas Armadas, en colaboración con la Policía Nacional, jugarán un papel protagónico en la restitución del orden. Se espera que ambos cuerpos refuercen la seguridad tanto interna como perimetral de los centros de reclusión. Uno de los objetivos primordiales será garantizar los derechos e integridad de las personas privadas de libertad.
En situaciones críticas que atenten contra los derechos de los internos o personas en zonas perimetrales, las fuerzas de seguridad deberán actuar de manera urgente, siempre bajo el marco legal y respetando los derechos humanos.
Además, se establece que cualquier intervención debe ser regida por los criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad. También se faculta la realización de requisiciones para asegurar el orden y la seguridad en los centros penitenciarios.
Por su parte, el Ministerio de Economía y Finanzas se encargará de asignar los recursos necesarios para enfrentar esta situación de excepción, teniendo la autoridad de disponer de fondos públicos, excluyendo aquellos destinados a salud y educación.
