Este viernes 28 de marzo, el Presidente Gabriel Boric declaró en La Moneda ante el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, en relación a la fallida compra de la casa de Salvador Allende. La declaración se produjo tras una invitación formal del Ministerio Público, en un caso que ha suscitado críticas de diversos sectores y que culminó con la renuncia de Maya Fernández al Ministerio de Defensa.
Según un comunicado emitido por la Presidencia, "durante la mañana de hoy viernes 28 de marzo 2025, el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, realizó una declaración voluntaria en el Palacio La Moneda, al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper Monti". Esta diligencia es parte de la colaboración que el Mandatario ha mostrado hacia la investigación que lleva a cabo la Fiscalía.
Críticas y consecuencias políticas
La compra fallida de la casa de Allende, que se ubica en la ciudad de Valparaíso, ha sido objeto de controversia y ha generado un amplio debate público. La situación se tornó más compleja después de la salida de Maya Fernández del cargo de ministra de Defensa, quien se vio envuelta en el escándalo y enfrentó cuestionamientos sobre la gestión de la adquisición.
Desde La Moneda, se reafirmó la intención de Boric de colaborar con la Fiscalía: "Esta diligencia voluntaria se inscribe en la permanente disposición del Presidente de la República a prestar la colaboración necesaria con la investigación de la Fiscalía", expresaron fuentes oficiales. Esta declaración subraya el compromiso del gobierno en esclarecer los hechos que rodean este tema.
La compra de la casa de Allende había sido anunciada como un esfuerzo por recuperar un sitio emblemático de la historia política chilena. Sin embargo, la operación no se concretó y levantó dudas sobre la transparencia del proceso, lo que llevó a la Fiscalía a investigar más a fondo. La situación ha puesto en tela de juicio no solo la gestión del gobierno actual, sino también el manejo de las decisiones dentro del gabinete.
Reacciones de la oposición y la ciudadanía
La oposición ha criticado duramente al gobierno por la forma en que manejó la situación. Diversos sectores políticos han expresado su preocupación por la falta de claridad y la gestión de recursos públicos en esta compra. "El gobierno debe asumir responsabilidades y dar explicaciones claras a la ciudadanía sobre este asunto", manifestaron algunos líderes de la oposición.
La ciudadanía también ha reaccionado ante la situación. En redes sociales, muchos usuarios han expresado su descontento y han exigido mayor transparencia en la administración pública. La controversia ha resonado en diferentes plataformas, convirtiéndose en un tema candente en la opinión pública, donde los hinchas de la política han mostrado su inquietud por las decisiones tomadas por el Ejecutivo.
