Este miércoles, la Cámara de Diputadas y Diputados en el Congreso rechazó la acusación constitucional contra la exministra de Defensa, Maya Fernández. La decisión se tomó en una votación que dejó claro el panorama político actual en la Cámara.
El libelo acusatorio, que fue presentado por parlamentarios de Chile Vamos y el Partido Republicano, surgió a raíz de la fallida compraventa de la casa del presidente Salvador Allende, abuelo de la exsecretaria de Estado. Este hecho generó un amplio debate en el ámbito político, ya que muchas voces lo consideraron un intento de cuestionar la gestión de Fernández.
La votación finalizó con 64 votos a favor, 70 en contra y ninguna abstención, lo que significa que el libelo no continuará su tramitación. La Cámara se pronunció claramente en contra de la acusación, lo que refleja la actual composición y dinámica de las fuerzas políticas en el Legislativo.
Detalles de la Votación
La acción parlamentaria se fundamentó en el artículo 37 bus de la Constitución de la República, que establece que "durante su ejercicio, los ministros no pueden celebrar o caucionar contratos con el Estado". Este artículo fue crucial en el debate, ya que los opositores argumentaron que la exministra había incumplido esta norma al involucrarse en la transacción de la propiedad.
Tras el resultado de la votación, el vicepresidente de la Cámara, el diputado Eric Aedo (DC), expresó su opinión sobre el rechazo del libelo. Comentó que "la séptima no fue la vencida, siete veces se han equivocado y no han tenido argumentos jurídicos contundentes". Aedo agregó que las acusaciones constitucionales son, en su esencia, juicios políticos y que actualmente "no tiene mayoría la derecha en la Cámara de Diputadas y Diputados".
El diputado también señaló que los argumentos presentados por la oposición fueron "bastante débiles, más bien ataques personales" y anticipó el resultado que finalmente se materializó en la votación.
Reacciones en el Congreso
La decisión de la Cámara generó diversas reacciones entre los legisladores. Algunos parlamentarios de la oposición criticaron el rechazo, argumentando que se perdió una oportunidad de hacer rendir cuentas a la administración de Fernández. Sin embargo, otros celebraron la votación como una defensa de la legalidad y el respeto a las normas constitucionales.
El debate sobre la acusación constitucional también puso de manifiesto las divisiones políticas en el Congreso y cómo estas pueden influir en las decisiones legislativas. A medida que el país se enfrenta a desafíos significativos, la dinámica entre los partidos y la capacidad de la oposición para presentar acusaciones efectivas se convierte en un tema de interés para los ciudadanos.
