Durante el día de hoy, la Corte de Apelaciones de Antofagasta aceptó la solicitud de desafuero contra la diputada Catalina Pérez, en el contexto de la investigación relacionada con el caso Democracia Viva. Esta decisión unánime del tribunal permite que la parlamentaria enfrente un proceso judicial y, además, queda suspendida temporalmente de sus funciones legislativas.
La solicitud de desafuero fue presentada por la Fiscalía Regional de Antofagasta, que investiga a la diputada por tres delitos de fraude al Fisco, actuando como cómplice en los convenios establecidos entre la Seremi de Vivienda y la Fundación Democracia Viva, la cual está dirigida por Daniel Andrade, expareja de Catalina Pérez. Este caso ha generado gran atención mediática, dado el impacto que podría tener en la carrera política de la diputada y en el ámbito legislativo.
Detalles del Caso y Reacción de la Defensa
En las últimas semanas, el caso dio un giro significativo tras la filtración de conversaciones de la carpeta investigativa, que sugieren que Catalina Pérez estaba al tanto de la entrega de los convenios. Estas revelaciones han alimentado la controversia y el debate público sobre las acciones de la diputada, lo que ha llevado a un aumento en la presión social para que se tomen medidas concretas.
Por su parte, la defensa de la diputada anunció su intención de recurrir a la Corte Suprema para intentar revertir esta situación. Este paso refleja la estrategia legal que se están planteando para enfrentar las acusaciones en su contra. La complejidad de este caso radica no solo en las acusaciones de fraude, sino también en las implicaciones políticas que conlleva, dado que Catalina Pérez es una figura relevante dentro de su partido.
Además, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella contra la diputada, acusándola de ser cómplice del delito consumado de fraude al Fisco reiterado. Esta acción judicial representa un escalón más en la escalofriante trama que rodea a la diputada y se suma a la creciente presión sobre ella para que aclare su papel en este escándalo.
El caso Democracia Viva ha puesto de manifiesto la necesidad de una mayor transparencia en la gestión de recursos públicos, especialmente en programas sociales y de vivienda, que son de vital importancia para la ciudadanía. La investigación ha revelado aspectos críticos sobre cómo se manejan estos convenios y la responsabilidad de los funcionarios involucrados.
La situación de Catalina Pérez es un reflejo de los desafíos que enfrenta la política chilena en términos de ética y responsabilidad. Las acciones de la Corte de Apelaciones son un recordatorio de que no existe impunidad en la gestión pública, y que los representantes elegidos deben rendir cuentas por sus actos.
