El Gobierno chileno decidió entregar antecedentes a la Corte Penal Internacional (CPI) para apoyar la investigación sobre crímenes de lesa humanidad relacionados con el caso de Ronald Ojeda. Esta afirmación fue realizada por el subsecretario del Interior, Luis Cordero, quien aclaró que la medida busca contribuir a la indagación que lleva a cabo el organismo internacional en torno a violaciones de derechos humanos.
La declaración se produjo durante la ceremonia de promulgación de la Ley que Moderniza el Escalafón de los Agentes Policiales de la PDI, encabezada por el presidente Gabriel Boric. Cordero subrayó que el crimen del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, asesinado en febrero de 2024, fue presuntamente ordenado por el régimen de Nicolás Maduro.
Investigación en curso y formalizaciones
Hasta el momento, hay diez personas formalizadas en relación con este caso, de las cuales un individuo ya fue condenado. Asimismo, tres de los formalizados están detenidos fuera del país, esperando ser extraditados para enfrentar la justicia en Chile. Cordero enfatizó que "la investigación respecto de ese crimen se está desarrollando en Chile respecto a aquellas personas que son responsables, que se encuentren localizados en Chile o que se encuentren en el extranjero. En el caso de ellos, ha solicitado sus extradiciones".
El subsecretario explicó que la CPI complementa la labor de los países que no realizan sus propias indagaciones. "Esto por qué es tan relevante, porque la competencia de la Corte Penal Internacional es una competencia complementaria, es decir, en aquellos casos donde los países no llevan a cabo sus investigaciones, interviene la Corte Penal Internacional", señaló.
Chile, que es uno de los solicitantes en la investigación de la CPI sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela, decidió poner a disposición de la Corte los antecedentes que puedan resultar útiles para su indagación. Cordero aclaró que "la entrega de antecedentes a la CPI no es para que la Corte Penal Internacional investigue el caso Ojeda, porque ese es un caso que se está investigando en Chile, sino que como consecuencia de la investigación del Caso Ojeda, pueden proveerse antecedentes que son extremadamente útiles en el contexto de la investigación que lleva la Corte Penal Internacional".
Reacciones del Gobierno y el impacto en las relaciones diplomáticas
El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, también expresó su preocupación por la tesis del Ministerio Público, que sostiene que el asesinato de Ojeda fue un encargo de altas autoridades del Gobierno venezolano. Gajardo enfatizó que este crimen, dirigido a silenciar a un refugiado político, representa una grave violación a los derechos humanos. "Si esta tesis del Ministerio Público se llega a comprobar efectivamente en los tribunales, lo que hemos señalado es que no solo sería algo que tiene muy pocos precedentes en las relaciones internacionales, sino que además constituye una grave violación a nuestra soberanía", indicó.
No obstante, el ministro también destacó la importancia de mantener relaciones diplomáticas con Venezuela, dadas las circunstancias actuales. "Consideramos que un país en el cual tantas personas que residen de origen venezolano en nuestro país, es importante tener relaciones consulares para resolver sus vidas diarias", comentó Gajardo. Agregó que la situación es completamente distinta si se comprueba que un Gobierno extranjero encargó un crimen en Chile con motivación política.
