Durante la jornada del viernes, la vocera (s) de gobierno, Aisén Etcheverry, afirmó que La Moneda se muestra dispuesta a dialogar con los alcaldes, en un escenario donde las diferencias entre ambos sectores se han acentuado debido a la falta de recursos y atribuciones en materia de seguridad.
El contexto de esta declaración se sitúa en medio de la creciente presión por parte de los jefes comunales, en especial aquellos que asumieron el cargo en diciembre pasado. Estos han cuestionado la capacidad del gobierno para afrontar la delincuencia que afecta a diversas comunas del país.
#VoceríaInforma | Ministra Etcheverry y decreto de "emergencia comunal": "El Gobierno ha fortalecido capacidades, ha incorporado tecnologías, ha generado una mejor coordinación entre las policías. Es importante que tengamos una discusión pública basada en evidencia". pic.twitter.com/etSols0kaz
— Vocería de Gobierno de Chile (@voceriagobierno) March 7, 2025
Conflictos y propuestas de los alcaldes
Uno de los temas de controversia ha sido la decisión del alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, de declarar un "estado de emergencia comunal". Echeverry aclaró que esta figura no está contemplada en la legislación actual. "Hemos escuchado en los últimos días, verdad, esta figura de emergencia municipal, creo que esa es la palabra que se utilizó, figuras que hoy día no existen en nuestro ordenamiento jurídico y que vienen a confundir", afirmó la vocera.
Echeverry también enfatizó que "es importante que tengamos una discusión pública en materias que son esenciales para la ciudadanía, basadas en evidencia, donde todas las propuestas son siempre recibidas y todas las propuestas son siempre analizadas." Esto refleja la voluntad del gobierno de considerar las inquietudes de los alcaldes, pero también indica la necesidad de un análisis detallado antes de tomar decisiones.
Además, los alcaldes agrupados en la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) han reiterado su demanda por mayores atribuciones para las municipalidades y sus equipos de seguridad. Entre estas demandas se encuentra la solicitud de autorización para el uso de armas no letales, como las pistolas Taser. El alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, destacó la urgencia de la situación al afirmar que "la seguridad es una emergencia nacional, comunal, y tenemos que terminar. Aquellos que buscan, como no hacer las cosas, más que facilitar las cosas para proteger a los vecinos".
Alessandri también mencionó que "dictamos dos decretos, un decreto de emergencia, un decreto de urgencia, que lo que hace en la práctica es darnos atribuciones especiales para redestinar presupuesto y hacer obras inmediatamente para proteger la seguridad de los vecinos." Esta acción refleja la búsqueda de soluciones inmediatas ante la crisis de seguridad que enfrentan muchas comunas.
El debate en torno a la seguridad también incluye la solicitud de los alcaldes para que el Ejecutivo otorgue discusión inmediata al proyecto de ley de seguridad municipal. Desde Ñuñoa, Sichel argumentó que "mientras a seguridad ciudadana le disparan, el gobierno niega la posibilidad de uso de armas no letales para defenderse. ¿Qué más tiene que ocurrir para que el gobierno tome acciones concretas?".
En el marco de estas declaraciones, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, consideró que las acciones del alcalde de Ñuñoa son un "punto comunicacional", lo que minimiza la efectividad de los decretos locales. Esta respuesta del gobierno evidencia la tensión existente entre las autoridades locales y el Ejecutivo, que se traduce en un desafío complejo para abordar la seguridad pública.
