El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, interpuso una querella contra la exalcaldesa Irací Hassler y la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola, por el delito de tráfico de influencias. La acción judicial busca esclarecer posibles irregularidades en la gestión de ambas políticas.
A inicios de marzo, el Ministerio Público había solicitado la incautación de los dispositivos electrónicos de Cariola, tras un informe de la Policía de Investigaciones (PDI) que detalla un posible tráfico de influencias a través de intercambios por WhatsApp. Esta situación ha llamado la atención de los medios y de la opinión pública, generando un amplio debate sobre la transparencia en el ejercicio de la función pública.
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago admitió la querella, lo que dio inicio a su tramitación. La denuncia fue presentada por el abogado José Ignacio Pinochet Olave y busca involucrar a todos los que puedan ser considerados responsables "en calidad de autores, cómplices y/o encubridores del ilícito". Este tipo de acciones legales son fundamentales para mantener la integridad en el sistema político.
Conversaciones reveladoras y sus implicancias
La querella también incluye una serie de conversaciones entre Hassler y Cariola, ambas militantes del Partido Comunista (PC), que se produjeron durante 2022 y 2023. En estos intercambios, se menciona al empresario chino Emilio Yang y la gestión del pago de la patente de alcohol de uno de sus locales en el barrio Meiggs. Este tipo de interacciones alimentan las sospechas sobre la utilización de influencias para beneficiar a ciertos empresarios.
De acuerdo con el escrito presentado, los hechos denunciados podrían constituir el delito de tráfico de influencias según lo estipulado en el Código Penal chileno. La existencia de una relación de poder entre las implicadas sugiere que podrían haber gestionado favores administrativos en beneficio de Yang y otros empresarios.
Además, la acción judicial recalca que las conductas descritas comprometen la probidad pública y la transparencia en la gestión municipal. La querella solicita que se esclarezcan las responsabilidades penales que puedan surgir de esta situación, y que se garantice una investigación exhaustiva sobre las acusaciones formuladas.
La denuncia de Desbordes se suma a un contexto más amplio de cuestionamientos sobre la ética y la transparencia en la política chilena. La reacción de los partidos políticos y la opinión pública ante este tipo de situaciones es crucial para fortalecer la confianza en las instituciones y en la forma en que se llevan a cabo las gestiones administrativas.
