La Contraloría General de la República (CGR) anunció el inicio de una investigación en Gendarmería tras detectar serias fallas en el sistema de inhibición de señales telefónicas en las cárceles de Pedro Montt, que abarcan la ex Penitenciaría, Santiago 1 y el Penal de Alta Seguridad. Esta indagación surge luego de que el programa Informe Especial de TVN accediera al Informe Reservado 642, fechado el 18 de marzo de 2025.
El informe, que abarca 81 páginas, detalla los problemas que ha enfrentado el proyecto, que costó al gobierno más de $5.600 millones de pesos. Este sistema, conocido como "sistema guardián", fue promocionado en abril de 2024 como una solución de alta seguridad para inhibir las comunicaciones desde el interior de los recintos penitenciarios. A pesar de su implementación, la Contraloría reveló que los internos continúan utilizando teléfonos móviles en las cárceles, logrando eludir el sistema de inhibición.
Deficiencias en el sistema de bloqueo
El informe señala que "durante la inspección, se detectaron situaciones como el acceso a internet de teléfonos móviles en la lista negra, a través de redes Wi-Fi o tarjetas SIM no bloqueadas, y dispositivos bloqueados que recuperan la conectividad en intervalos irregulares". Esta situación pone de manifiesto las serias vulnerabilidades del servicio contratado, adjudicado a las empresas israelíes Septier Communication y la chilena TIER 1. Además, se destaca que no se consideraron adecuadamente ciertas situaciones al elaborar las especificaciones del contrato.
Por lo tanto, los auditores de la Contraloría concluyeron que estas deficiencias permiten a los internos comunicarse con el exterior mediante telefonía móvil e internet. Gendarmería, por su parte, reconoció que las antenas de telefonía móvil cercanas interfieren con las señales de bloqueo, mejorando la recepción y permitiendo conexiones incluso para dispositivos que deberían estar restringidos.
Pagos por un servicio ineficiente
A pesar de las notorias fallas en el sistema, el informe revela que Gendarmería realizó pagos por el servicio, incluso cuando este no estaba operativo. En agosto de 2024, la institución pagó más de $471 millones de pesos por el servicio prestado entre abril y julio. Estos pagos se realizaron bajo la premisa de que la empresa contratada había cumplido con un estándar mínimo del 85% de bloqueo de dispositivos en las cárceles.
Desde la Unidad de Tecnovigilancia y Radiocomunicaciones de Gendarmería informaron que "no tiene la capacidad para verificar si el porcentaje de cumplimiento informado por la empresa es correcto, ya que no están obligados a realizar un análisis completo de los datos generados por el sistema, dado que el contrato es por un servicio". Esto plantea serias dudas sobre la transparencia y efectividad del sistema de inhibición.
