En medio de la controversia por la fallida adquisición de la casa del expresidente Salvador Allende, la ministra de Defensa, Maya Fernández, y la senadora Isabel Allende, fueron citadas a declarar como imputadas. Esta información fue confirmada por fuentes de Radio Bío Bío, que indicaron que las declaraciones están programadas para los próximos días.
El fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, lidera esta investigación. La ministra Fernández deberá presentarse a declarar el jueves 23 de enero a las 15:00 horas, mientras que la senadora Allende lo hará el día siguiente, viernes 24, a las 09:00 horas. Este caso ha generado una gran atención mediática y ha suscitado inquietudes sobre la gestión de bienes públicos.
Otros imputados en el caso
Además de Fernández y Allende, se ha citado a declarar a la exministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, quien renunció a su cargo el pasado 6 de enero. La investigación también involucra a varios funcionarios del Ministerio de Bienes Nacionales, entre ellos:
- Francisca Moya, jefa de División Jurídico-Legislativa del Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia.
- Nélida Pozo, directora del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.
- Víctor Merino, subcontrolar de la Contraloría General de la República.
- Denisse Hernández, exjefa de Gabinete de la ministra de Bienes Nacionales hasta el 15 de enero.
- Maracarena Diez, jefa de División Jurídica del Ministerio de Bienes Nacionales.
- Sebastián Vergara, subsecretario de Bienes Nacionales.
- Pablo Maino, jefe de División del Ministerio de Bienes Nacionales.
Esta causa se originó a raíz de una denuncia presentada ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago por la Fundación Fuerza Ciudadana, organización liderada por el abogado Raimundo Palamara, quien es militante del Partido Republicano. Según las fuentes, la denuncia se relaciona con un posible fraude al fisco, y la investigación avanzará conforme se revisen las evidencias incautadas y las declaraciones de los implicados.
Contexto de la denuncia
El caso ha generado un gran revuelo en el ámbito político y social. La compra de la casa de Allende, símbolo de una era histórica en Chile, ha levantado muchas suspicacias sobre el manejo de recursos públicos. Se espera que, tras las declaraciones de los imputados, surjan más detalles sobre los procedimientos que llevaron a esta fallida compra, que ha sido calificada como un paso desafortunado en la gestión del patrimonio cultural del país.
Las autoridades han subrayado la importancia de esclarecer los hechos y hacer justicia en este caso, que ha tocado a figuras prominentes de la política chilena. La situación ha puesto en evidencia la necesidad de una mayor transparencia en las operaciones del Estado, especialmente en lo que respecta a la administración de bienes de interés nacional.
