La Fiscalía de Alta Complejidad acusó al desaforado diputado de derecha Mauricio Ojeda Rebolledo de fraude reiterado al fisco, solicitando una condena de 19 años de cárcel. Este pronunciamiento se produce en el marco de la arista Manicure del Caso Convenios, que investiga el destino de 730 millones de pesos que fueron transferidos desde el Gobierno Regional a las fundaciones Folab y Educc, supuestamente para llevar a cabo cursos dirigidos a mujeres vulnerables en Temuco y Padre Las Casas, los cuales nunca se realizaron.
Ojeda se encuentra actualmente cumpliendo prisión preventiva en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco, tras ser formalizado por estos delitos. La Fiscalía informó el pasado miércoles al Juzgado de Garantía de Temuco sobre el cierre de la investigación en su contra, con el fiscal Carlos Cornejo a la cabeza, quien declaró que "se está solicitando para el parlamentario una pena que alcanza los 19 años de privación de libertad".
Detalles de la investigación
La indagatoria se centra en cómo se administraron los fondos públicos destinados a las fundaciones. Según la Fiscalía, Ojeda contactó a diversas personas y funcionarios del Gobierno Regional de La Araucanía para facilitar que las fundaciones Educc y Folab obtuvieran proyectos y financiamiento estatal. Además, se le acusa de haber proporcionado recursos económicos para garantizar que la fundación Folab mantuviera su solvencia y pudiera continuar postulando a fondos públicos.
En el transcurso de la investigación, se descubrió que en 2022, el diputado gestionó préstamos con intereses que alcanzaron los 85 millones de pesos. Estos préstamos fueron utilizados para dar una apariencia de solvencia a la fundación, una estrategia que, según el fiscal regional de La Araucanía, resultó en que más de 700 millones de pesos transferidos por el Gobierno Regional para los cursos acabaran en cuentas pertenecientes a Ojeda o a sus allegados.
Las pruebas presentadas por la Fiscalía incluyen transferencias de fondos fiscales del Gobierno Regional que, en lugar de ser utilizados para los fines legítimos, fueron desviados hacia la cuenta personal del diputado. "El interés que sostienen los testigos, que cobraba el diputado, era del 3%. Monto, que estaba vinculado con la cantidad de dinero que se prestaba", indicó el fiscal durante la formalización de Ojeda.
Próximos pasos en el proceso judicial
La Fiscalía también anticipó que espera que el tribunal establezca en los próximos días la fecha para la audiencia de preparación de juicio oral. Este proceso será crucial para determinar las responsabilidades del diputado y el futuro de su carrera política, dado que la acusación es de alta gravedad y podría influir en su legado como parlamentario.
La acusación de la Fiscalía es un reflejo de los esfuerzos por combatir la corrupción y garantizar que los fondos públicos se utilicen de manera adecuada, especialmente en programas destinados a ayudar a las poblaciones más vulnerables. La atención sobre este caso se incrementa, ya que involucra a un funcionario electo y plantea interrogantes sobre la transparencia y el manejo de los recursos en la región de La Araucanía.
