A través de un comunicado, la defensa de Catalina Pérez, diputada del partido Revolución Democrática, se pronunció sobre la reciente sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que ratificó el desafuero de la parlamentaria en relación con el caso Democracia Viva. Este fallo permite que Pérez sea sometida a un proceso judicial, lo que conlleva a una suspensión temporal de sus funciones legislativas.
Los abogados Gonzalo Medina y Sebastián Dal Pozzo, firmantes del comunicado, argumentaron que "el fallo no contiene argumentos sólidos que justifiquen su decisión". Según la defensa, la investigación llevada a cabo durante más de un año y medio ha recopilado evidencia suficiente en 33 tomos, que demostraría la ausencia de participación de la diputada en la adjudicación de los convenios en cuestión.
Evidencia de Exoneración
El comunicado señala que "los mensajes de WhatsApp en los cuales fundamenta su solicitud, y que han sido ampliamente difundidos en medios de prensa, son del año 2023, muy posteriores a la suscripción de los convenios ocurrida en septiembre y octubre de 2022". Este punto es crucial para la defensa, que insiste en que la información presentada no sustenta la acusación.
Además, los representantes legales de la diputada argumentaron que "el informe pericial contable de todas sus cuentas bancarias revela que la diputada Catalina Pérez no recibió un solo peso de estos convenios, y todos los testigos que han declarado en la investigación coinciden en que la diputada no tuvo ninguna participación en su asignación". La defensa considera que estos elementos son fundamentales para demostrar la inocencia de la parlamentaria.
Por otra parte, manifestaron que "en ningún caso el fallo referido afirma la responsabilidad de nuestra representada en los hechos, y tampoco su participación, la que refiere en términos únicamente potenciales y eventuales". Este énfasis en la falta de pruebas concretas es un aspecto central en la estrategia de defensa.
Las acciones legales no se detendrán aquí, ya que los abogados de Pérez confirmaron que apelarán ante la Corte Suprema. "No compartimos los fundamentos de la resolución y apelaremos ante la Corte Suprema. De su análisis, resulta claro que los hechos por los cuales se ha investigado a la diputada Pérez no se encuentran confirmados por los antecedentes de la investigación", añadieron los defensores.
De acuerdo con lo que han señalado, la decisión de acudir a la Corte Suprema se basa en que, según su perspectiva, "no hay justificación jurídica para dar lugar a la solicitud de desafuero". Este proceso podría tomar tiempo y generar más repercusiones en el ámbito político, dado el contexto en que se desarrolla.
La diputada Pérez se ha visto envuelta en este escándalo que ha captado la atención mediática y ha generado opiniones encontradas entre los diferentes sectores políticos. La ratificación del desafuero ha sido vista por algunos como un paso necesario para la transparencia en la política, mientras que otros consideran que se trata de un ataque político hacia la diputada.
Con el desafuero en curso, Pérez enfrenta un panorama complicado que podría impactar su carrera política. La situación se desarrolla en un ambiente de creciente escrutinio público, donde los ciudadanos exigen mayor claridad y justicia en los procesos judiciales que involucran a figuras políticas.
