El abogado de la familia de Ronald Ojeda, exmilitar opositor al régimen de Nicolás Maduro, solicitó al fiscal Héctor Barros nuevas diligencias para esclarecer el caso que rodea su secuestro y asesinato en Chile. La petición se centra en la filtración de información que podría haber facilitado el crimen, lo que ha generado preocupación y demandas de transparencia.
Inquietudes sobre el uso de recursos públicos
Uno de los aspectos más relevantes de la solicitud es el papel del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve. El abogado Juan Carlos Manríquez pide que se cite a Monsalve para que explique el destino de $8 millones en efectivo, presuntamente provenientes de gastos reservados, que según algunos medios de comunicación, fueron destinados a la familia de Ojeda. Sin embargo, los familiares niegan haber recibido dicho monto.
En el documento presentado, al que tuvo acceso La Radio, se solicita que "se informe el estado en que se encuentra la investigación de los gastos reservados del Sr. Monsalve, en aquella parte en que según la prensa habría rendido aproximadamente $8 millones traspasados en efectivo a la familia del Sr. Ojeda, lo que esta niega" . Este reclamo pone en tela de juicio la transparencia en el uso de recursos públicos y la responsabilidad de las autoridades en la protección de personas en situaciones vulnerables como los refugiados políticos.
Asimismo, se exige que tanto el Ministerio del Interior como la Cancillería proporcionen información sobre el convenio de colaboración firmado con Venezuela durante la gestión de Monsalve. Este acuerdo es fundamental para determinar si vulneró el secreto legal del estatus de refugiado de Ojeda y si permitió que agentes extranjeros accedieran a información sobre su ubicación en el país.
La búsqueda de justicia y la identificación de los responsables
Otro punto crucial de la solicitud es la identificación de los responsables detrás del secuestro de Ojeda. Se busca aclarar si el oficial de inteligencia venezolano Alexander Granko Arteaga, señalado como uno de los secuestradores, ingresó ilegalmente a Chile, así como si lo hizo en compañía de otros agentes vinculados a Diosdado Cabello, una de las figuras más influyentes del régimen chavista.
Ojeda fue secuestrado en febrero del año pasado en su hogar en Santiago por individuos que se hicieron pasar por funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI). Su cuerpo fue hallado días después en una toma en Maipú, un hallazgo que refuerza la hipótesis de que se trató de una operación de inteligencia extranjera en territorio chileno.
El abogado también exige que Monsalve aclare si tuvo conocimiento previo de que agentes venezolanos estaban realizando vigilancia sobre Ojeda y su familia en Chile. Además, solicita que informe a la fiscalía sobre los antecedentes que permitieron al Estado detectar acciones ilícitas de espionaje, inteligencia o planificación del asesinato de Ojeda en el país.
